Cadiz SecretaEl Consistorio gaditano tiró 4.235 euros del dinero público en una aplicación móvil que no llegó a usarse ni un solo día de los 12 meses para los que fue contratada. Ni una víctima. Ni una licencia activada. Cero. Y mientras tanto, en Cádiz existe una app de desarrollo local, BusCádiz, que funciona, que los gaditanos usan, y que el Ayuntamiento ignora olímpicamente… mientras planea gastarse más dinero en crear otra app de autobuses desde cero.
El fiasco de Ward, paso a paso
En febrero de 2025, la Fundación Municipal de la Mujer del Ayuntamiento de Cádiz adjudicó el contrato a la empresa Innovasur por 4.235 euros (IVA incluido) para adquirir 30 licencias de la aplicación Ward, una herramienta de grabación de pruebas con tecnología blockchain para víctimas de violencia machista. El 31 de marzo, el alcalde Bruno García y la concejala de Igualdad Virginia Martín la presentaron ante los medios emocionados, hablando de «paso importante» y «tecnología pionera». Apenas cuatro días después, el 4 de abril, el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía ya estaba llamando al Ayuntamiento para avisarle de que aquello olía mal.
El 4 de junio de 2025 llegó la resolución definitiva: el Consejo de Transparencia recomendó la suspensión total del proyecto por «alto riesgo inaceptable» para los derechos y libertades de las personas afectadas. En septiembre, el propio Delegado de Protección de Datos del Ayuntamiento confirmó por escrito que las licencias no podían usarse. En diciembre se inició el expediente de resolución del contrato. Y el 2 de febrero de 2026, casi un año después de haberla comprado, el Ayuntamiento rescindió el contrato con Innovasur. La empresa, llamativamente, ni siquiera se molestó en presentar alegaciones.
Resultado: 30 licencias compradas, 0 utilizadas, 12 meses perdidos y 4.235 euros a la basura, en una ciudad donde ese año había 79 casos activos de violencia machista de riesgo medio-bajo que podrían haberse beneficiado de la herramienta.
En Cádiz ya hay quien sabe hacer apps
Lo verdaderamente surrealista es el contraste con lo que ocurre a unos metros del Ayuntamiento.
BusCádiz
es una aplicación desarrollada localmente que ya hace exactamente lo que el Consistorio lleva años prometiendo hacer: muestra en tiempo real cuánto tarda el próximo autobús, localiza las paradas más cercanas mediante GPS, integra Google Maps con todos los recorridos y paradas, y permite planificar rutas combinando bus y caminata. Funciona. La usan los gaditanos. Y no le ha costado un euro al contribuyente.
Y encima, planean gastar más en otra app de autobuses
Aquí llega el remate. En el pleno municipal de febrero de 2026, el Ayuntamiento aprobó el nuevo pliego de condiciones para el servicio de transporte urbano, en el que se contempla expresamente el desarrollo de una nueva app que informe en tiempo real del servicio de autobuses, además de una app de Bonobús digital. Es decir: el mismo Consistorio que acaba de tirar dinero en una app que no pasó el primer filtro legal, que tiene ante sus narices una solución local ya operativa y gratuita, va a contratar —una vez más con dinero público— a alguien de fuera para que haga lo que un desarrollador gaditano ya hizo.
El patrón que se repite
El caso Ward no es un error puntual. Es la fotografía de cómo funciona la contratación tecnológica en el Ayuntamiento de Cádiz: licitaciones opacas a empresas externas, presentaciones de rueda de prensa con alcalde incluido, y proyectos que se desmoronan ante el primer obstáculo legal o técnico. Mientras tanto, el talento local —ese que conoce la ciudad, que lleva años manteniéndola y que no necesita que nadie le explique cómo funciona el bus de Cádiz— sigue esperando que alguien al otro lado del Ayuntamiento coja el teléfono.
